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Corte Suprema escucha argumentos sobre una polémica pregunta sobre el estatus de ciudadanía en el

(CNN) — La Corte Suprema de Estados Unidos se metió en una amarga controversia sobre si la administración de Trump puede hacer una pregunta sobre la ciudadanía de los habitantes del país en el censo de 2020, una pregunta que se haría por primera vez desde 1950.

Los jueces escucharán las afirmaciones de la administración sobre que la pregunta es necesaria para cumplir mejor la ley federal de derechos de voto, versus los argumentos de los críticos que dicen que representa un intento velado de intimidar a las personas que no tienen ciudadanía y a los hogares hispanos, por lo que esto conducirá a una disminución en las tasas de respuesta.

Todos los tribunales inferiores que consideraron el tema hasta ahora han impedido que la administración agregue una pregunta sobre el estado de ciudadanía al cuestionario del censo, sosteniendo que el secretario de Comercio Wilbur Ross, quien tiene jurisdicción, excedió su autoridad bajo la ley federal y la Constitución al hacerlo.

La forma en que los jueces decidieron el caso —y con la fecha del censo próxima— podría impactar los datos críticos derivados del censo, que se usa para asuntos como la asignación de escaños en el Congreso y la distribución de miles de millones de dólares federales a los estados y localidades en la próxima década.

"La Constitución requiere que todos en Estados Unidos sean contados, es un principio básico de nuestra democracia que la representación se asigne de manera equitativa a los estados en función de sus poblaciones", dijo el abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Dale Ho, quien está dispuesto a defender a los retadores. "La adición de esta pregunta es un ataque a ese principio constitucional básico que impactará a todo el país y dañará la representación de las minorías".

Los tribunales inferiores se han pronunciado en contra del gobierno Trump

Los tribunales inferiores se han pronunciado en contra del gobierno, señalando la racionalidad cambiante de la administración para restablecer la pregunta, y sostuvieron que la forma en que el gobierno procedió fue ilegal.

La decisión de Ross fue ilegal por "una multitud de razones independientes y debe dejarse de lado", dictaminó en enero el juez Jesse M. Furman, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en una opinión de 277 páginas después de tener un juicio de ocho días.

Furman dijo que la decisión de Ross de agregar la pregunta violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley federal que regula la forma en que las agencias pueden proponer y establecer regulaciones. Dijo que Ross no tuvo en cuenta varios aspectos importantes de la cuestión y "alternativamente ignoró, seleccionó o malinterpretó la evidencia en el expediente que tenía ante él".

Más críticamente, Furman dijo que la justificación de la pregunta de Ross, para promover la aplicación de la Ley de Derecho al Voto, era "pretexual, en otras palabras, que anunció su decisión de una manera que ocultaba su verdadera base en lugar de explicarla" como lo requería la Ley de Procedimiento Administrativo, sostuvo el juez.

En marzo de 2018, cuando Ross anunció en una carta al subsecretario de asuntos económicos del Departamento de Comercio, el Departamento de Justicia, dirigido por el entonces secretario de Justicia Jeff Sessions, había solicitado que la Oficina del Censo volviera a resolver la pregunta para para obtener "una aplicación más efectiva" de la Ley de Derechos de Votación.

Ross reconoció que agregar la pregunta "podría reducir" las tasas de respuesta, pero dijo que los datos de ciudadanía más precisos superarían esos temores.

Pero después del juicio, Furman dijo que la justificación de Ross en la carta era "materialmente inexacta".

Furman, basándose en documentos y testimonios, escribió que Ross, casi en cuanto llegó a la oficina en febrero de 2017, comenzó a hacer preguntas sobre cómo agregar una pregunta de ciudadanía. Ross habló sobre el tema con Sessions, así como con defensores de la inmigración de línea dura, como el asesor político Steve Bannon y el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach. Estas consultas, así como la nueva línea de tiempo, socavaron la justificación expuesta de la pregunta, sostuvo Furman.

El juez también notó que la Oficina del Censo creía que había otras formas de obtener medidas más precisas de ciudadanía.

En un testimonio se le preguntó al doctor John Abowd, científico jefe de la Oficina del Censo, si tenía la impresión de que su trabajo sobre la pregunta era importante.

"Sí", dijo.

Luego se le preguntó a Abowd si alguna vez le habían dicho que el Departamento de Comercio de hecho había iniciado el proceso para insertar la pregunta. "Nadie me dijo eso", testificó Abowd. Furman notó que el doctor se "atragantó" y visiblemente contuvo las lágrimas.

Preguntas constitucionales en juego

Aunque Furman no se pronunció sobre las cuestiones constitucionales, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland sostuvo que la acción de Ross violaba la Cláusula de Enumeración de la Constitución.

"Debido a que el secretario ignoró la evidencia con respecto al impacto de la pregunta y no proporcionó ninguna razón legítima para respaldarla, la adición de la pregunta de ciudadanía comprometería sin razón la exactitud distributiva del Censo y la adición viola la Cláusula de enumeración", el juez George J. Hazel de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland celebrada en abril.

El procurador general Noel Francisco destacó en los escritos de la corte que la cuestión de la ciudadanía era legal y que "nada en el expediente respalda la acusación extraordinaria del tribunal de distrito de que el Secretario de Comercio" mintió sobre su razonamiento para la decisión.

Francisco acusó a la corte de esforzarse "por leer cada declaración y acción del secretario de la peor manera posible".

Francisco también argumentó que los retadores en el caso, 18 estados, ciudades y grupos sin fines de lucro, entre otros, no tienen el derecho legal o la "posición" para presentar el caso.

Para ir a la corte, tendrían que demostrar una lesión, y Francisco argumentó que no pueden basar esa lesión en la negativa "especulativa" de un tercero para responder a la pregunta.

"Ninguna de las supuestas lesiones de los encuestados se materializará si las personas contestan completa y sinceramente el cuestionario del censo, como lo exige la ley federal", dijo.

Francisco argumentó que si los jueces permiten que los demandantes presenten el caso, "permitiría que cualquier pregunta demográfica sobre el censo sea cuestionada, siempre y cuando un grupo de personas que residen desproporcionadamente en ciertos estados anuncien su intención de boicotear ilegalmente" la pregunta.

También dijo que la acción de Ross no se puede revisar en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo porque "los tribunales no tienen la autoridad para adivinar la decisión del secretario" en parte porque la Constitución otorga al Congreso una "discreción prácticamente ilimitada" para realizar el censo. El Congreso, dijo, delegó la autoridad al secretario de Comercio.

Pero incluso si la acción fuera revisable, argumentó Francisco, "simplemente no puede ser ‘arbitrario'" o "irracional" para restablecer en el censo decenal una pregunta cuyo pedigrí se remonta a casi 200 años.

La posición de Francisco atrajo el apoyo de 16 estados, todos dirigidos por los republicanos, que escribieron a Ross pidiéndole que adoptara la pregunta.

Los estados liderados por los demócratas lideran la oposición

Pero los 18 estados desafiantes, las ciudades y los grupos sin fines de lucro no están de acuerdo.

Dicen que la Constitución y la Ley del Censo requieren que el gobierno federal cuente a cada persona en el país, cada 10 años, y que Furman sostuvo que agregar la pregunta de ciudadanía reduciría las respuestas entre los hogares con no ciudadanos, por un total de aproximadamente 6,5 millones.

"Hay solo una oportunidad, cada década para obtener la enumeración correcta", dijo la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, a los jueces en documentos judiciales.

Ella explicó la lesión que produciría esta decisión en los estados, incluida la posibilidad de perder escaños en la Cámara de Representantes y fondos de programas federales.

James dijo que Ross no solo violó la Ley de Procedimiento Administrativo sino también la Cláusula de Enumeración de la Constitución, que requiere una enumeración "real" de la población cada 10 años. Dijo que agregar la pregunta "socavaría afirmativamente la exactitud de la enumeración".

Otro grupo de retadores representados por la ACLU argumentó que desde 1950 el gobierno se había dado cuenta de que un "recuento diferencial" de minorías raciales y étnicas amenazaría la precisión del censo.

"El gobierno dejó de hacer esta pregunta, junto con otras docenas de personas en el censo, cuando se dio cuenta de que estas preguntas estaban dañando la precisión del recuento de la población y estaban causando específicamente un recuento insuficiente de comunidades de color", dijo Ho.

Los abogados de la Cámara de Representantes encabezada por los demócratas también tendrán la oportunidad de argumentar contra la adición de la pregunta ante los jueces de la Corte Suprema el martes.

Además, cinco exdirectores de la Oficina del Censo, que han servido bajo las administraciones tanto demócratas como republicanas, presentaron un reporte ante la corte respaldando a los retadores. Argumentaron que tienen "experiencia única" en los procesos y procedimientos necesarios para realizar un censo "preciso y de alta calidad".

"La opinión de larga data de la Oficina del Censo, reafirmada por varios análisis recientes de la Oficina del Censo, es que la adición de la pregunta reducirá la precisión del recuento de la población", dijo su abogado a los jueces.


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